La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso y el gobernador de Chihuahua, luego de emitir la reforma para la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción sin esperar la publicación de las leyes generales que establecen el Sistema Nacional Anticorrupción.

Con dicho recurso jurídico queda impugnado ante el máximo tribunal del país la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, así como el eventual nombramiento de su titular. En las próximas horas se determinará si se acepta o no a trámite en la SCJN la acción presentada.

De acuerdo con la PGR, una vez terminado el análisis de las reformas realizadas por el Congreso chihuahuense, se detectó que estas contienen vicios legales, los cuales no son acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015.

“Con fundamento en lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presentó la acción de inconstitucionalidad con el propósito de que el Máximo Tribunal del país revise la reforma local de dicha entidad federativa, con base en los principios y reglas de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción”, informó la PGR la madrugada de este martes.

Fue el pasado 21 de abril cuando el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción que, a propuesta del gobernador César Duarte, dependería del poder Ejecutivo estatal.

“Los fiscales especializados serán designados por el Fiscal General del Estado. El gobernador les extenderá su nombramiento, pudiendo removerlos libremente. La decisión de nombramiento y remoción del Fiscal Especializado Anticorrupción podrá ser objetada por el Congreso del estado en los términos que señale la Constitución”, señala el decreto.

De acuerdo con la ley, la nueva fiscalía tendría como facultad la revisión de hechos y evidencias para la detección e investigación de actos y omisiones que sean constitutivos de un delito relacionado con hechos de corrupción.

Además, recibiría las quejas o denuncias de los organismos fiscalizadores, así como de los ciudadanos, ya sea de servidores públicos o entidades de la administración pública paraestatal o para municipal en ejercicio o con motivo de su empleo, cargo o comisión, referentes a hechos de corrupción, para la revisión correspondiente.

El gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ha criticado las acciones del mandatario César Duarte, como por ejemplo el endeudamiento por 6 mil millones de pesos, que los está sujetando al peaje en carreteras del estado.

Ayer, en entrevista radiofónica, Corral aseveró que comprometer los ingresos tributarios significa endeudar más a la entidad: “La mitad de los recursos serán para pagos a bancos y el otro 50% para vencimientos de corto plazo”.


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