En la fase final de su gobierno al frente de Quintana Roo, cuestionado por manejos irregulares en las finanzas, Roberto Borge dejará a la Auditoría Superior de la Federación un saldo no aclarado de anomalías financieras y administrativas que involucra un monto de 2 mil 106 millones de pesos.

Los rubros donde se afectaron negativamente los programas por la tergiversación del manejo de los recursos van desde las escuelas de tiempo completo, hasta la educación tecnológica, la infraestructura social, la seguridad pública, la procuración de justicia y la promoción del turismo, entre otros.

La administración de Borge, que además dejará una de deuda pública de 22 mil millones de pesos, una de las más elevadas si se revisa a nivel per cápita, según la Secretaría de Hacienda, arrastra irregularidades no aclaradas desde el inicio de su gestión.

Tan sólo de la cuenta pública 2013 las irregularidades reportadas y hasta el momento no aclaradas todavía por el gobierno de Quintana Roo ascienden a mil 500 millones de pesos.

Junto con Veracruz y Chihuahua, como las entidades donde mayores irregularidades y presunción de actos de corrupción se han detectado, Quintana Roo enfrenta las acciones de inconstitucionalidad emprendidas por el gobierno federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por decisiones adoptadas de forma irregular contraviniendo la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Determinaciones que diversos partidos políticos han definido como un paquete de impunidad.

Las inconsistencias administrativas y presumible daño patrimonial que la ASF ha advertido en la revisión de la cuenta pública en los primeros cuatro años del gobierno de Borge se asocian a diversos fondos federales que se transfieren a los estados, entre los que destacan, tan sólo en la cuenta pública 2014, la aportación de la Federación para el programa Escuelas de Tiempo Completo.

En dicho programa, la ASF presume un daño patrimonial por un monto de 84.2 millones de pesos, ya que del total de recursos canalizados a la entidad –184 millones de pesos–, el gobierno local no ejerció 84.2 millones de pesos, mismos que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, como lo dispone el propio programa.

Ese señalamiento administrativo lo realiza la ASF con independencia de advertir sobre el impacto negativo en el incumplimiento de las metas del programa.

También sobre la cuenta pública 2014 –la más reciente que se ha revisado– la ASF destaca que de los recursos federales entregados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples, 382.4 millones de pesos, sólo se ejercieron en el año fiscal 274 millones, y al momento del cierre de la auditoría, en julio 2015, 312.5 millones, por lo que se determinó que 69.8 millones no fueron ejercidos.

Por ello, la ASF requiró a la Secretaría de la Gestión Pública del Ejecutivo estatal iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa en virtud del no ejercicio del gasto federalizado destinado a este fondo y, con ello, el incumplimiento de los objetivos determinados en los programas asociados a esta partida.

Otro de los programas donde se detectaron irregularidades tiene que ver con la seguridad pública, igualmente por recursos no devengados. De acuerdo con la ASF, al finalizar 2014 el gobierno de Quintana Roo sólo había ejercido 82.8 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, aunque al 31 de agosto de 2015, cuando se concluyó la revisión de la cuenta pública, se ejerció 81 por ciento del total, por lo que una quinta parte de la partida, poco más de 30 millones de pesos, no se utilizó ni hay constancia de su destino.

De acuerdo con el seguimiento que se da al gasto, en los cuatro años que se han revisado de las cuentas del gobierno de Borge la ASF realizó observaciones por 4 mil 929 millones de pesos, de los cuales se han subsanado únicamente 2 mil 30 millones de pesos. Sin embargo, están pendientes de resarcirse o aclararse 288.2 millones de pesos de 2012 y 348.6 millones de 2014, más lo de 2013.


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