CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La constante justificación para incrementar la deuda de la entidad cerca de 315% durante los últimos cinco años, es la inversión en educación, salud, seguridad e infraestructura, rubros que, paradójicamente, se encuentran a punto de la parálisis de servicios.

Las constantes manifestaciones de maestros, personal de salud, camioneros y agentes por la falta de pago, así como reclamos para cubrir las compensaciones del personal del Poder Judicial y otros sectores sociales, contradicen el discurso del mandatario priista César Duarte respecto del endeudamiento, las cifras “alegres” de seguridad y de una exitosa administración estatal, mientras que el amparo promovido por la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad evidenció las argucias legales que han utilizado el Ejecutivo y el Legislativo para endeudar cada vez más a los chihuahuenses.
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Lo que hasta ahora se conoce es que no se han pagado becas durante varios meses a 23 mil estudiantes; cerraron 22 escuelas privadas subsidiadas por el gobierno en la Sierra Tarahumara, principalmente.

Tampoco hay medicamentos suficientes ni insumos para hospitales; aparte de que se deben alrededor de mil 500 millones de pesos a constructores afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Es más, tampoco se ha pagado el dinero recaudado para la Cruz Roja, que asciende a 36 millones, menos a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), a los que se adeuda 137 millones de pesos que se recaudan vía el Impuesto sobre la Nómina (ISN), que esta administración elevó de 2 a 3% y una sobretasa para aportar recursos con fines de seguridad, entre otros compromisos.

El Despacho de Investigación y Litigio Estratégico AC (DILE), brazo jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, interpuso un amparo contra la “bursatilización” de los últimos 6 mil millones de pesos que autorizó el Congreso local para comprometer recursos financieros a futuro a través de la empresa de participación estatal Fibra Estatal Chihuahua SA de CV, con lo que la deuda incrementó hasta más de 52 mil millones de pesos.

En este escenario el juez primero de distrito, Juan Antonio Trejo Espinoza, otorgó primero la suspensión provisional para que el gobierno estatal no contrate ese financiamiento, pero una semana después negó la suspensión definitiva porque el Congreso respondió que 3 mil millones de pesos serían utilizados por el Poder Ejecutivo para el pago de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y con ello evitar paralizar las finanzas y afectar a los ciudadanos.

El representante de DILE, Jesús Manuel Soledad Terrazas, denunció que el Poder Legislativo mintió ante el juez federal, porque el decreto 1418/2016 XVIII PE, por el que los diputados avalaron la “monetización” de 6 mil millones de pesos, cerca de 50% de esos recursos serían utilizados para el pago de obligaciones adquiridas a cargo del gobierno estatal por conducto de la Secretaría de Hacienda, y el otro 50% sería para el pago de inversiones públicas productivas, todo con prioridad en la educación y la salud.

Sin embargo, los legisladores justificaron ante el juez que en el Presupuesto de Egresos 2016 se prevé una partida con la que contemplan solventar el pago de seguridad social de los burócratas, pero eso no fue lo que aprobaron en el decreto 1418/2016, reclama Soledad Terrazas.

Previo a la negación de la suspensión definitiva, el coordinador de Comunicación Social estatal, Sergio Belmonte Almeida, sostuvo que una parte de los 6 mil millones de pesos serían para pagar a proveedores, entre ellos los que ofrecen la alimentación en los penales, salarios para maestros y burócratas, entre otros.

Incluso, el gobernador Duarte Jáquez y el secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, advirtieron que, de frenarse la bursatilización, habría una parálisis financiera en la entidad.

Una vez que el juez dio luz verde a la deuda, César Duarte se congratuló y aseguró que hay personas interesadas en hacer su salida aún más difícil, debido a que con esos recursos también pagarán el equipamiento de hospitales de Ciudad Juárez y se terminarán obras como el distribuidor vial de Zootecnia, en la ciudad de Chihuahua.

Duarte está empeñado en demostrar que su administración ha sido exitosa y transparente, pero la realidad lo desmiente día a día.

Luego lamentó que las trabas puedan complicar el proceso de bursatilización porque siembran duda en las instituciones bancarias, las cuales pueden incrementar las tasas, y se desgasta la relación con proveedores a los que se les deben pagos.

“Pero (con las trabas) podemos saber quiénes son de veras y quiénes no, quiénes en el primer cambio de viento buscan elevar sus propias formas de navegar. Es parte del juego y de la condición. Yo ratifico mi confianza en la justicia, no es un triunfo por ganar un debate político sino un tema de decencia. El tiempo acomodará las cosas en su lugar, luego del lucro político que han tratado de capitalizar”, lamentó.

Sin embargo, el gobernador electo Javier Corral Jurado ya advirtió que con o sin bursatilización aprobada, va a haber problemas financieros en la administración estatal que le tocará encabezar.

Y es que advirtió que además de la deuda que heredarán, llegan con casi 5 mil millones de pesos de déficit, que podría incrementarse una vez que conozcan la condición financiera que deja la administración de Duarte.

Gustavo Madero Muñoz, diputado federal que encabeza el equipo de transición en materia de finanzas, alertó que la situación económica es peor de lo que se conoce ahora, porque cada vez que levantan “la alfombra” encuentran más sorpresas.

El mandatario electo panista señaló que atenderán las deudas de proveedores que realmente sean legales, de quienes tengan documentación legítima, pero no va a permitir que “se salgan con la suya” quienes tengan sobreprecios en sus presupuestos.

El representante de DILE, Jesús Manuel Soledad Terrazas, agregó:

“Es un cinismo preocupante, porque los recursos de cuotas carreteras ya estaban afectados, y en el decreto no dicen que van a pagar la seguridad social de los trabajadores del Estado, sino que con por lo menos 50% van a pagar inversiones públicas productivas, y con el otro 50% obligaciones adquiridas, es decir, están confesando ante el juez que van a desviar recursos”.

“Lo grave es que fue con base en esa mentira que el juez negó la suspensión definitiva diciendo que se podría afectar el interés público al dejarse de pagar las cuotas de seguridad social de los trabajadores”, explicó Soledad Terrazas, abogado y director de DILE.

La fecha de la audiencia constitucional se fijó para el lunes 5 de septiembre.

Los antecedentes financieros

En el Presupuestos de Egresos 2016 el gobierno estatal disminuyó lo asignado a escuelas de tiempo completo de 335 millones 336 mil a 182 millones 352 mil pesos, así como el fondo de aportaciones múltiples para infraestructura educativa básica.

En el rubro de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, que corresponden al DIF y la Secretaría de Salud, este año ya no apareció el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de Lucha contra el Crimen (Fanvi), que el año pasado operó con 20 millones 600 mil pesos y que cuando inició le invirtieron 100 millones.

Tampoco se invirtió en el programa que aseguraban sería un éxito y lo replicarían a nivel nacional, el Plan Villa, que impulsó el exsecretario de Educación, Cultura y Deporte (SECD), quien renunció al PRI en el proceso electoral pasado porque no fue favorecido con la candidatura a gobernador y ahora intentaba ser candidato a la rectoría de la Universidad, pero tampoco lo logró.

En ese entonces el exfuncionario anunció con “bombo y platillo”, en un evento realizado en el palacio de gobierno, ante representantes de varios sectores sociales, que el Plan Villa rescataría a los estudiantes de la violencia.

Por ello las autoridades adquirieron balones e instrumentos musicales, pero no les alcanzó el dinero para contratar maestros ni para pagar a uno de los proveedores, Mauricio Miranda de la empresa Sun Service. Todo quedó almacenado.

En la comparecencia en la que presentó el Presupuesto de Egresos y la Ley de Egresos, el secretario de Hacienda Jaime Herrera Corral reconoció que no incluyeron recursos para maestros ni para desarrollar el Plan Villa, debido a que no confiaban en que la dependencia de educación haría gestiones ante la Federación, como también lo esperaban para los otros rubros sociales y educativos recortados.

A Mauricio Miranda le facturaron 90 millones, aunque hasta principios del año le habían pagado sólo 12 millones. Esa deuda fue reconocida en entrevista por el exsecretario Marcelo González, quien aseguró que Hacienda le envió un oficio de suficiencia presupuestaria a los Servicios Educativos de Chihuahua (SEECH), y por lo tanto correspondía a esta dependencia hacendaria arreglar el problema.

Por su lado, el área de Comunicación Social indicó que por parte del gobierno estatal optarían por no hablar del tema.

González Tachiquín también fue director de Pensiones Civiles del Estado y presumió a nivel nacional –y hasta en España– la reforma a la ley de esa institución, con la que aseguraba el rescate de la ruina de la dependencia, pero esa medida ha causado más estragos en la burocracia chihuahuense e inconformidades en contra del actual gobernador.

La reforma consiste en descontar 12% del salario a los trabajadores del Estado, incluidos policías, agentes de vialidad y penitenciarios, quienes han visto reducido su escaso salario, pero además deben dar una cuota mensual para el servicio médico, pues no se los otorgan a través de Pensiones Civiles, sino del Instituto Chihuahuense de la Salud, como toda persona que se afilia al Seguro Popular.

De esta forma, el 12% se destina presuntamente a un ahorro personal del que pueden hacer uso para préstamos, pero no han podido acceder ni a uno ni a otro.

En tanto en el área la educativa los estudiantes de diferentes niveles han reclamado por redes sociales y en persona al titular de la SECD, Ricardo Yáñez Herrera, por qué no les han pagado las becas de manutención desde hace meses, a lo que el funcionario respondió que aún no hay fecha para pagarlas, pero lo harán.

Asimismo, los maestros de la sección 42 del SNTE denunciaron que el exlíder René Frías Bencomo, quien ganó una diputación por el PRI en el proceso electoral pasado, firmó sin su consentimiento con el gobierno estatal que les pagarían el Estímulo de Desempeño Laboral pese a que el subsistema estatal no entra siquiera en la reforma educativa.

De acuerdo con la solicitud de información 050462016, la SECD les informó el mes pasado a los maestros interesados que no se concretó ese pago por una minuta firmada el 15 de julio de 2015 entre el gobierno del estado y la sección 42 del SNTE.

Por ello los maestros analizan interponer un amparo colectivo, como ya lo hicieron algunos, debido a que les descontaron cuotas sin su consentimiento a través de Pensiones Civiles, e incluso varios ganaron el recurso.

La SECD también tiene deudas con pequeñas empresas constructoras que se encargaron de remodelar o ampliar planteles educativos en la entidad, de acuerdo con proveedores que denunciaron que son alrededor de 77 obras que heredó inconclusas y sin pagar la administración de Marcelo González Tachiquín, incluida la construcción de dormitorios y otras áreas de la Normal Rural de Saucillo “Ricardo Flores Magón”.

Los contratistas afectados aseguraron que les deben, desde 2013, desde 100 mil pesos a cada uno y más, ya que eran obras de menor costo.

Sin insumos para hospitales

Los integrantes del Sindicato del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), principalmente personal de los hospitales Central, Infantil de Especialidades y Centro de Salud Mental, se han manifestado desde hace dos meses por irregularidades en el sindicato, protestas en las que han evidenciado la falta de medicamento y hasta jeringas y torundas para atender a los pacientes en los nosocomios de la entidad.

El principal reclamo es que los dirigentes sindicales David Noel Domínguez, secretario general, y Adrián Hiram Ortega, secretario de Vigilancia y Finanzas, se aprovecharon de su cargo para obtener bases como jefes de servicio, que le correspondían a personal con más antigüedad, de acuerdo con el escalafón, informaron Sofía Calzadillas y Heidi Ochoa Castillo, voceras de los inconformes.

Incluso el personal médico ha protestado en la asamblea del sindicato, donde fue ignorado, además frente a la Secretaría de Salud y palacio de gobierno, donde han acusado que el titular de la dependencia, Pedro Genaro Hernández Flores, y la exdirectora jurídica, Rosa Isela Gaytán Díaz, se han adjudicado esas plazas.

La corrupción ha afectado la atención a los derechohabientes no sólo del Ichisal sino de Pensiones Civiles del Estado, donde ahora subrogan hasta las pastillas de paracetamol.

Hasta hace unos meses, acusaron, se enviaba a los derechohabientes a farmacias favorecidas, como las Única (una fue instalada a unas cuadras de la farmacia del Ichisal y otra construida frente a Pensiones del Estado), pero la crisis llegó a tal grado que tuvieron que cerrarlas.

Ahora subrogan algunos medicamentos y otros tienen que comprarlos los mismos pacientes o sus familiares, de acuerdo con testimonios de los mismos afectados, de médicos, enfermeras y técnicos entrevistados.

De acuerdo con exempleados de las farmacéuticas favorecidas (Proceso 1991), desde la torre Sphera (donde operan los principales proveedores de gobierno) también se administran las Farmacias Única.

El Ichisal atiende alrededor de 50 mil derechohabientes en Chihuahua y tiene su propia farmacia para surtir las recetas, donde los pacientes sólo tienen que presentar sus vales. Sin embargo, desde diciembre de 2014 apareció una manta en la sala de espera de la farmacia del Ichisal, en la que se informa a los derechohabientes que pueden surtir sus recetas en la calle Deza y Ulloa, número 908 local 13, dirección mostrada a través de un croquis.

Algunos integrantes del sindicato, quienes pidieron guardar su identidad para evitar ser despedidos, han evidenciado en las últimas semanas que las carencias en los nosocomios son graves, y que incluso hay médicos que han pagado medicamentos o insumos a pacientes que lo requieren de manera urgente.

“El hospital Infantil está un poco mejor porque se atienden a niños, pero el sindicato tampoco hace nada al respecto. En el hospital Central no había ni carro rojo (donde llevan equipo, material y medicamento para atender urgencias). No se han pagado las deudas que se tienen con los proveedores de laboratorio, hay deudas de hasta dos años con pago pendiente. No hay con qué trabajar porque no se les paga. No hay medicamentos, tampoco para el personal médico que requiere atención. Ha habido cirugías pospuestas”, revelaron.

Inconformidad en el Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene problemas para pagar las compensaciones al personal, excepto a los magistrados, por lo que el viernes pasado sólo pudieron depositar 50% de la compensación y les informaron a los empleados que la otra mitad se las depositarán el último día de agosto, aunque para el siguiente mes no tienen asegurado el presupuesto, pese a que esa partida está considerada en el Presupuesto de Egresos 2016.

Ante la presión de los afectados y de medios de comunicación locales, hoy se realizaron otros depósitos, pero personal del Poder Judicial advirtió que el Comité de Administración del Tribunal pidió prestado al Fondo Auxiliar, que es donde resguardan el dinero de las fianzas, para completar la compensación de algunos empleados.

El Presupuesto de Egresos de este año para al Poder Judicial es de mil 596 millones 191 mil 756 pesos, más de 370 millones más que el año anterior, y de acuerdo con el portavoz del TSJ, Nicolás Juárez Caraveo, se trató de un problema o falla en la transferencia bancaria electrónica del sistema, pero aseguró que la víspera comenzaron a depositar las compensaciones completas del personal.

Y así fue, pero sólo depositaron la mitad de las compensaciones, ya que por la mañana les habían informado que sólo les pagarían 50%, y el restante el fin de mes, aunque no les garantizaron que haya recursos suficientes para hacerlo.

El problema es tal que, por ejemplo, un juez gana en promedio 5 mil pesos al mes en la nómina y su compensación es de 50 mil pesos, por lo que ésta representa el grueso de sus ingresos.

A ese problema se suma la falta de gasolina para las unidades de la Fiscalía General del Estado (FGE), deudas millonarias a proveedores, incluidos los de medicamentos, y falta de diésel para las camiones urbanos, entre otros.

Sin gasolina para patrullas ni transporte

La crisis económica del gobierno estatal es tal que la FGE no tiene ni para poner gasolina a las unidades.

Por ello ha dejado las calles sin vigilancia, mientras agentes de la Zona Centro que atienden homicidios hasta Villa Ahumada (a unos 300 kilómetros de la capital), han tenido que cargar cadáveres en sus unidades porque las del Servicio Médico Forense (Semefo) gastan más porque son de más cilindros; los peritos han postergado las necropsias a cuerpos, como en Cuauhtémoc y otras ciudades, debido a que tampoco hay gasolina.

Incluso personal de la misma dependencia aseguró que el gobernador y el fiscal Jorge Enrique González Nicolás han simulado la entrega de unidades nuevas que ya han adjudicado en otros eventos para justificar una presunta inversión.

Tampoco hay dinero para pagar el servicio de teléfonos celulares de funcionarios y personal que lo requiere, mientras que los agentes estatales acusaron que desde hace más de dos años trabajan con problemas, debido a que les escamotean el pago de viáticos, uniformes y hasta armas.

El servicio de transporte del nuevo sistema, Vivebús, también ha generado crisis desde hace tres meses, aproximadamente. En el sector ha habido paros totales hasta por cuatro días y no se ha regularizado el servicio por la falta de dinero para combustible.

El paro que duró cuatro días fue liderado por choferes de la CTM y apoyado por sus respectivos concesionarios, luego de que desde el 2012 tuvieron el control de la empresa Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), pero cuando ésta quebró se unieron a la manifestación de los otros concesionarios, que tienen demandado penalmente a César Duarte ante la justicia federal.

Francisco Lozoya, exdirigente de la CTC y líder de la CTM, pidió a los choferes que mantenían el último paro de cuatro días que no se pelearan entre ellos y que buscaran otra manera de reclamar el pago de salario y horas extra.

“Duarte es un señor impostor que se casó con este sistema y no va a dar marcha atrás”, ya que el resto de concesionarios no avalaron el paro porque les podían quitar las concesiones, denunció.

Esta última semana los paros del servicio han sido parciales por falta de gasolina, mientras que los líderes de los concesionarios dieron a conocer que por mes se ingresan alrededor de 40 millones de pesos del pasaje y no saben dónde va a parar ese dinero.

El abogado de ocho de las 12 empresas que conformaban la CTC, Maclovio Murillo Chávez, promovió un amparo ante el juez octavo de distrito luego de que el Congreso del local se negó a realizar un juicio político a César Duarte, por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos, en el sistema de transporte Vivebús.

Duarte Jáquez firmó como deudor solidario o aval un crédito solicitado al banco Unión Progreso, del que es socio junto con su esposa Bertha Gómez Fong, a través de un fideicomiso que ambos crearon, para que los concesionarios adquirieran unidades nuevas, aunque luego les ofreció dinero público para pagar esa deuda.


http://www.proceso.com.mx/451949/cesar-duarte-justifica-deuda-inversion-en-servicios-estan-a-punto-del-colapso