El estudio, coordinado por el doctor Sergio Aguayo, académico de El Colmex, pide buscar la verdad en estos casos de graves violaciones a los derechos humanos, para que se entiendan las lecciones dejadas y que no se vuelvan a repetir este tipo de tragedias.

Las policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, y de Allende, Coahuila, estaban bajo el mando de “Los Zetas” cuando integrantes de esa organización criminal cometieron las masacres y desapariciones multitudinarias registradas en esos municipios durante los años 2010 y 2011, destaca un informe elaborado por El Colegio de México con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El reporte “En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, agrega que los alcaldes de ambos ayuntamientos eran figuras prácticamente decorativas o inexistentes, puesto que ninguna autoridad municipal alzó la voz o presentó algún tipo de denuncia para tratar de contrarrestar el control que ejercían “Los Zetas” sobre sus cuerpos policiacos.

El estudio fue coordinado por el académico Sergio Aguayo. A lo largo de un resumen ejecutivo y ocho anexos o reportes complementarios se reconstruye la actuación que tuvieron las diferentes autoridades antes y después de dos tragedias: 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, y la desaparición de al menos 42 personas en la localidad de Allende, Coahuila.

El documento exhibe principalmente las complicidades y debilidades de las autoridades municipales, pero también demuestra omisiones e indiferencia de los gobiernos estatales hacías las víctimas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no salen mejor parados, ya sea por la discrecionalidad del anterior ombudsman o por los graves conflictos internos que marcan la operación del segundo organismo autónomo.

El informe es muy claro en cuanto a la complicidad de las policías municipales en el caso de los 72 migrantes que fueron ejecutados en San Fernando por negarse a engrosar las filas de Los Zetas o en el caso de las 34 casas y fincas que fueron arrasadas en Allende por las disputas internas al interior de ese grupo delictivo. El secuestro y desaparición de familias enteras incluyó a mujeres y menores de edad. que llevaban el apellido Garza.

“En 2010 y 2011, los Zetas tenían a su servicio a los 36 policías de San Fernando y a los 20 de Allende. Sin embargo, los agentes de involucraron de diferente manera con los criminales. Algunos se hicieron entusiastas cómplices; otros pusieron distancia sin confrontar o combatir a los delincuentes”, apunta el informe.

En el documento también se advierte que los funcionarios municipales de ambas localidades incumplieron con su obligación de denunciar de forma inmediata los secuestros y desapariciones de decenas de personas dentro de sus territorios, dejando en el desamparo a las víctimas y a sus familias.

Los alcaldes de San Fernando y Allende argumentaron por separado que no contaban con ninguna información de las tragedias ocurridas dentro de los territorios que gobernaban en ese momento.


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