En México, las detenciones arbitrarias son comunes, esto debido a que las policías las usan como medidas para extorsionar o dar carpetazo a investigaciones pendientes, afirma el informe “Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias por la policía en México” de Amnistía Internacional, presentado esta mañana.



“(El informe) demuestra la manera en que la policía de todo México detiene arbitrariamente de forma rutinaria a personas para extorsionarlas. Además, los agentes a menudo colocan pruebas falsas en un intento de demostrar que están haciendo algo para abordar la delincuencia, o de castigar a personas por su activismo de derechos humanos”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, durante la presentación del documento.



Este estudio es el resultado de un análisis de 100 casos registrados en la última década, a lo cual se les sumaron 25 entrevistas a funcionarios, activistas e investigadores en temas de impartición de justicia, quienes hablaron de la forma de actuar los agentes policiacos durante las detenciones.



Guevara-Rosas recordó que desde junio de 2016 entró en vigor un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual da mayores atribuciones de investigación a los policías, esto para acelerar los procesos judiciales, pero en la realidad sigue la confesión como la mayor prueba.



“Los miembros del poder judicial no suelen cuestionar la fuente de las pruebas que les presenta la policía, pese a que saben que, en muchos casos, los agentes colocan pruebas para incriminar a personas, especialmente en delitos relacionados con robos, armas y tráfico de drogas”, añadió la directora de Amnistía Internacional para las Américas.



Dos de los casos documentados en el informen tienen que ver con jóvenes quienes fueron detenidos sin motivo legal por policías; en ambos casos los chicos fueron torturados para confesar crímenes que no cometieron.



El primero de ellos fue en 2013, cuando Enrique Guerrero Aviña detenido por policías federales quienes lo torturaron para que confesara el secuestro de 12 personas, por esa acusación está detenido en una cárcel federal; el otro caso fue en febrero de 2016, cuando detuvieron al menor de edad José Adrián, quien sólo fue liberado después de que su familia pagó una extorsión de 200 dólares.



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