Padres de un trabajador asesinado exigen a Javier Corral una disculpa pública

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Los padres de Marco Antonio García Rivera, uno de los jóvenes que el 30 de junio perdió la vida mientras laboraba en la zona de bares del bulevar Ortiz Mena, en esta capital, exigieron al gobernador Javier Corral una disculpa pública, luego de que la semana pasada aseguró que los hechos de violencia ocurridos en bares y un centro de rehabilitación iban dirigidos a integrantes de bandas delincuenciales, no a la ciudadanía.

Manuela Rivera Arámbula y Noé Antonio García Rodríguez enviaron una carta a Corral, en la que reprueban la criminalización de las víctimas para dar un mensaje de confianza a la ciudadanía.

por Taboola
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Esta mañana, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, negó que Corral pretenda criminalizar a las víctimas, y atribuyó a medios de comunicación locales la publicación de filtraciones en diversos portales, “particularmente uno muy enfocado, donde antes de darse a conocer la información por parte de la Fiscalía, aparecían esas filtraciones, descalificando o vinculando (la masacre) con el crimen organizado, precisamente para no investigar”.

Añadió: “Esto es una práctica que el gobernador ha sido muy enfático en desterrar del estado de Chihuahua, porque ha sido negativa. Se criminaliza a las víctimas, se reproducen vicios y se violentan derechos humanos. Hoy en día esto está totalmente desterrado. Lo que se diga únicamente tiene que ver con la verdad y con la objetividad”.
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El pasado 28 de septiembre, Corral declaró: “(…) en realidad no estamos ante un fenómeno de violencia contra la población en general, (que) también eso es importante decirlo y no caer en la magnificación que luego sí produce zozobra y angustia en toda la sociedad.

“Los acontecimientos están muy localizados en un enfrentamiento entre grupos criminales que se disputan las plazas y tenemos algunos elementos ya, dentro de los primeros datos de la investigación, que nos permiten, efectivamente, advertir que hay ajusticiamientos entre ellos por virtud de deserciones, de divisiones o subdivisiones en los grupos criminales en el estado”.

En respuesta a esos señalamientos, los padres de Marco Antonio García enviaron al gobernador la siguiente carta, fechada el 2 de octubre en esta capital:

Señor gobernador:

Somos los padres de uno de los cuatro jóvenes que fueron privados de la vida en los hechos ocurridos la noche del 30 de junio pasado al exterior de los bares que se localizan en el bulevar Ortiz Mena; le escribimos esta carta, que haremos pública, porque nos sentimos ofendidos y demandamos la rectificación de sus declaraciones vertidas a la prensa el jueves 28 de septiembre, en el marco de los hechos violentos ocurridos el martes 26 en un centro de rehabilitación de la colonia Rosario de esta ciudad.

Cuestionado por la alarma social que se ha desatado luego de los ataques armados en diversos bares de la ciudad y en particular el del martes en el centro de rehabilitación, dijo usted a los periodistas, entre otras cosas, que “en realidad no estamos ante un fenómeno de violencia contra la población en general, (que) también eso es importante decirlo y no caer en la magnificación que luego sí produce zozobra y angustia en toda la sociedad”; agregó enseguida que “los acontecimientos están muy localizados en un enfrentamiento entre grupos criminales que se disputan las plazas y tenemos algunos elementos ya, dentro de los primeros datos de la investigación, que nos permiten, efectivamente, advertir que hay ajusticiamientos entre ellos por virtud de deserciones, de divisiones o subdivisiones en los grupos criminales en el estado…

No podemos quedarnos callados ante la generalización apresurada de sus declaraciones, pues son muchas las personas que han perdido la vida en hechos similares en los meses recientes y no debería la autoridad menospreciar el problema diciendo que se trata de la disputa de plazas o ajuste de cuentas entre delincuentes y que la sociedad puede estar tranquila. Baste recordar, por citar un dato, que los jóvenes que prestaban servicios de seguridad privada en los bares en los que fueron víctimas de ataques armados tenían permisos oficiales –se supone que todos ellos deben tenerlos–, otorgados por el Departamento de Servicios de Seguridad Privada del Sistema Estatal de Seguridad Pública. ¿O es que se otorgan esos permisos también a miembros de grupos criminales?

Si bien entendemos que la autoridad debe hacer lo propio para mitigar la alarma entre la población, de ninguna manera aceptamos aseveraciones genéricas que difaman a nuestro hijo; ya es más que bastante el dolor de su partida y la terca sensación de incompletud que se adueñó de nuestras vidas, para que ahora después de muerto la autoridad lo señale como delincuente porque necesita dar un mensaje de confianza a la sociedad o justificar la incapacidad del gobierno para prevenir, investigar y sancionar la violación al más elemental de los derechos humanos como es el de la vida.

Con la seguridad de conocer las actividades que realizaba nuestro hijo, hemos estado atentos de los avances en la carpeta de investigación de los hechos en los que perdió la vida y no encontramos ahí elementos que den el más mínimo indicio de que a él y sus compañeros los hayan privado de la existencia porque alguno de ellos fuera ni delincuente solitario ni miembro activo o desertor de algún grupo criminal, como afirma usted genéricamente en sus declaraciones.

Lamentamos que a un año de su gobierno no se hayan sentado las bases de un sistema de seguridad alternativo, de verdadera defensa de la sociedad, como evidencian las crecientes manifestaciones de violencia sistemática; la política local en la materia tiende más bien a integrarse al sistema que reproduce la violencia estructural, el mismo que en el régimen anterior fue caracterizado como una guerra –concepto que sigue siendo válido para las altas esferas de la seguridad estratégica extranjera–. Si bien el sistema de justicia local opera convencionalmente en casos selectos o de rutina, se observa cómo la violencia sistemática asume incluso la “justicia” por propia mano de manera abierta e impune, como método dominante y determinante de esa “justicia”.

Un sistema de seguridad alternativo que se proponga la verdadera defensa de la sociedad debe partir de reconocer, básicamente: a) que esta violencia más visible, con la que se arranca abruptamente la vida de las personas, conecta ineludiblemente con la otra violencia estructural –menos evidente en lo inmediato– impuesta en el país y en el mundo como modelo de relación social que privilegia el interés de los negocios sobre la vida misma, el comercio de todo y el insultante enriquecimiento de unos cuantos a costa de la exclusión y el sufrimiento de la mayoría; b) que en ese marco, el clima de inseguridad en el estado y el país obedece principalmente a la acumulación de los efectos de políticas públicas contrarias al desarrollo humano individual y colectivo, de las que profundizan la desigualdad y arrebatan a las personas la autoestima, la esperanza y la factibilidad siquiera de encontrarle sentido a la vida; c) que los actos de barbarie como los que originaron sus declaraciones no se van a terminar con el mero despliegue de hombres armados y equipo bélico que más bien causan miedo y angustia en la población; y d) que la irracional violencia perpetrada ayer y hoy contra la vida humana no se detendrá mientras se privilegie la justificación cómoda– y la única certidumbre que se tiene siga siendo la de la impunidad.

Finalmente, también entendemos –sin aceptar– que entre tantos hechos violentos que han ocurrido últimamente en el estado, el esclarecimiento de los que produjeron la muerte de nuestro hijo y sus compañeros podría parecer “no prioritario” para los funcionarios encargados de la procuración de justicia; pero han pasado ya tres meses sin que sepamos resultados y han sucedido también crímenes de alto impacto en la comunidad, como el de la periodista Miroslava Breach desde hace más tiempo, de los que tampoco se han aclarado los hechos ni identificado a los responsables. Sólo escuchamos declaraciones que administran los problemas mientras pasan los días álgidos del reclamo social.

Por todo lo expuesto, demandamos la rectificación de sus declaraciones y una disculpa pública a la memoria de quienes han sido víctimas de la violencia y no entran en la equívoca generalización que los criminaliza. También, que gire las instrucciones necesarias para que las investigaciones en curso sobre los múltiples hechos violentos se realicen y concluyan con prontitud y seriedad profesional, prevenidas contra los prejuicios y la tentación de la verdad cómoda o la espera del olvido.