Manlio Fabio Beltrones, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre agosto de 2015 y julio de 2016, ha rechazado formar parte de la trama que presuntamente desvió 250 millones de pesos de dinero público (12.6 millones de dólares) a través de gobiernos locales para favorecer al partido en las elecciones locales de de 2016. “El presidente del PRI no puede y no firmó convenio alguno con los Ejecutivos Estatales para acordar la transferencia de recursos federales, por no ser un tema de su competencia”, señaló el político en un comunicado publicado la noche del viernes.

El cerco sobre Beltrones se ha cerrado esta semana. El jueves, un juez decretó que existen elementos para juzgar por peculado a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, uno de los operadores más cercanos al expresidente del PRI. Gutiérrez, quien fue detenido un día antes en el Estado de Coahuila, trabajó como secretario adjunto del dirigente de la organización en agosto de 2015. Beltrones ha dicho que la detención de su colaborador fue una “abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa”.
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.. EFE
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Dos testimonios de exsecretarios del Gobierno de Chihuahua involucran directamente a Gutiérrez en el esquema que transfirió dinero público de la secretaría de Hacienda, en ese entonces encabezada por el hoy canciller Luis Videgaray, a las arcas locales de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas para después ser triangulado a otras entidades que iban a celebrar comicios en el verano de 2016.


“(El gobernador César Duarte) me dijo que debía firmar los contratos y como explicación me hizo saber que ese recurso se había autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Federación para operar campañas del PRI- que era un recurso que se había acordado para este fin con Manlio Fabio Beltrones”. Esta es parte de la declaración que Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación de Chihuahua hizo ante el ministerio público el pasado 25 de septiembre.

El testimonio de Yáñez, quien fue condenado en noviembre a cuatro años de prisión por el delito de peculado, es uno de los pilares del caso que la Fiscalía de Chihuahua construye en contra de la Administración de César Duarte, que se encuentra prófugo. A Yáñez se le suma otro testigo protegido, Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda, quien también se encuentra detenido.

“Este es uno de los pocos casos que se ven firmes”, considera Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, una organización que lucha contra la corrupción. El especialista destaca este caso entre otros similares que se están llevando en otras entidades del país. “Aquí hay evidencia documental. Está probado quién le dio a quién. Hay varios detenidos que están cooperando con las autoridades. Es más de lo que se tiene en otros procesos contra exgobernadores como los de Nuevo León y Sonora”.

Pero Beltrones ha cargado, precisamente, en contra de estos testigos protegidos. “Habitualmente son delincuentes que reciben pagos o canonjías a cambio de decir lo que quieren que digan- (sus dichos) no son prueba plena ante los tribunales”, señala el exdirigente del PRI. El político también ha dicho que las autoridades de Chihuahua, un Estado en manos del PAN, están cometiendo “un daño moral- en busca de notoriedad política”.



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