El derecho a la libre manifestación está vigente

Por Pedro Torres Estrada- La marcha para protestar contra la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que organizaron el pasado domingo 13 de noviembre los partidos políticos de oposición y en la que participó un número importante de ciudadanos en diversas ciudades del país, dejó en claro que la libertad de manifestación es un derecho vigente en nuestro país.
¡Qué bueno! Porque es importante que los ciudadanos se manifiesten en contra de acciones o decisiones de los órganos de poder con las que no están de acuerdo, como recientemente ocurrió con los integrantes del colectivo cultural de Chihuahua en contra de la concentración de los recursos públicos destinados a la promoción de la cultura en todo el estado a un solo espectáculo: La Golondrina y su Príncipe.
Tan respetable y válida una protesta como la otra, pero vale la pena analizar los fundamentos de cada una de ellas. En el caso de las protestas en relación con el ejercicio de los recursos financieros destinados a la promoción de la cultura, las protestas son muy puntuales y los principales participantes en estas manifestaciones fueron los creadores de muy diversas disciplinas culturales que consideran que esa acción los despojó de oportunidades de apoyo a sus proyectos, personales o de grupo. Que se les unieron entes partidistas y ciudadanos en general que apoyaron sus postulados, es un hecho, pero también lo es que los principales afectados con esa decisión lideraron las protestas.
En cuanto a la Marcha por la Democracia (en defensa del INE) el liderazgo estuvo a cargo también de quienes se sienten mayormente agraviados por lo propuesto por el presidente de la República: los partidos políticos de oposición, organizaciones civiles que están en contra de la Cuarta Transformación y el presidente del INE, así como otros funcionarios del sistema electoral del país. Pero vamos a los argumentos: el principal eslogan de la marcha de este domingo fue “El INE no se toca”. ¿En verdad ese instituto debe permanecer incólume, es decir, con el mismo marco jurídico y en las condiciones en que opera en la actualidad? Yo creo que no y respeto a quien piense lo contrario.
Es un hecho que, durante las últimas décadas, las y los mexicanos hemos impulsado diversas reformas en materia electoral que, en suma, han contribuido al fortalecimiento de nuestra democracia a través de la ampliación de la participación ciudadana en la planeación, organización, desarrollo y evaluación de los procesos electorales. Si hemos venido avanzando en ese sentido, ¿por qué detenernos ahora? ¿En verdad no hay necesidad de mayores cambios? Yo creo que sí, porque al mismo tiempo que se han logrado avances, se han generado vicios.
Cómo es posible que habiendo una política de austeridad en la que por ley nadie puede ganar más que el presidente de la República ($163,212.25), ya que tiene la responsabilidad más importante en el país, los consejeros del INE ganen mucho más ($ 262.634). Pero no solo eso, los consejeros y una larga serie de funcionarios del Instituto Nacional Electoral cuentan con beneficios adicionales como asignación de vehículos, en algunos casos de lujo, con chofer y gasolina con cargo al erario; seguros de gastos médicos mayores, de vida, de retiro y de separación; bonos, estímulos y recompensas; becas académicas, vales de despensa y pago de comidas. Una situación muy similar ocurre con los magistrados que integran el Tribunal Federal Electoral, los tribunales estatales electorales y los institutos estatales electorales. Se convirtieron en una casta divina y ahora, obvio es, no quieren ser despojados de esos privilegios. ¿Es defendible esta realidad?
Otra de las consignas de la marcha es que se quiere desaparecer al INE, lo cual es falso, ya que lo que pretende esta iniciativa de reforma constitucional es reducir el número de 11 a siete consejeros y que los representantes tanto del INE como del Tribunal Electoral, sean electos por el pueblo y no sean cuotas de los partidos políticos. Respecto de este último tema, desde hace varios años había pronunciamientos en el sentido de generar métodos más limpios para evitar que la designación de los consejeros responda a cuotas partidistas, es decir, alejar este proceso del poder de los partidos políticos. La académica de la UNAM, Tania Alma Vite, dijo en 2017: “Esta situación no debe permitirse, se deben generar los mecanismos que permitan que a la titularidad de estos órganos lleguen hombres y mujeres que puedan desempeñar sus funciones fuera de la esfera del poder”.
Creo que la iniciativa del presidente, en cuanto a este tema, es consecuente con lo planteado por la especialista antes citada y, además, esa perspectiva está contemplada desde la plataforma política que presentó AMLO cuando candidato y que ahora quiere hacer realidad como presidente. Se trata de avanzar hacia un mejor órgano electoral, contrario a lo que aducen los promotores de la Marcha por la Democracia. El mejor ejemplo de ello es que, si las cosas continúan tal cual, Morena está en condiciones de mayoritear cuando, en abril próximo, venza el periodo de cuatro consejeros del INE, entre ellos del presidente Lorenzo Córdova Vianello, y, no obstante que en un pragmatismo rampante eso le conviene al partido del presidente, su propuesta combate esa manera de elegir a los nuevos consejeros, otra vez, contrario a lo que aducen los opositores a la reforma.
Es muy corto el espacio para poder plasmar todos los pros y los contras de la reforma constitucional en materia electoral planteada por el presidente, pero es claro que hay dos formas de hacer las cosas. En el caso de la iniciativa presidencial, se trata de una propuesta que está a consideración de los ciudadanos y que es discutida por los diputados y senadores, que puede ser modificada o rechazada. Mientras que las acciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y del alcalde de Chihuahua capital Marco Antonio Bonilla Mendoza en cuanto al presupuesto en materia de cultura fueron imposiciones, nunca consultadas o puestas a consideración de los ciudadanos o, al menos, de los involucrados en la cosa cultural; se ejercieron recursos públicos en cantidades que debieron ser licitadas mediante procesos transparentes, pero que, al contrario, se desarrollaron en total opacidad. Así las cosas.
Si pasa o no pasa la reforma electoral, cuando menos se abrió el tema a debate y todos los involucrados pudieron argumentar a favor o en contra; en el caso de la obra de teatro “de primer mundo”, esperemos que esa golondrina… no haga verano.