Camino a la libertad de Cesar Duarte - allana Poder Judicial

La jueza de Control, Hortensia García Rodríguez, dictó un auto de vinculación a proceso en contra de Francisco González Arredondo, por el presunto delito de tortura psicológica cometido contra una persona con identidad protegida, entre 2017 y 2018.

Otorgó al Ministerio Público un plazo de tres meses para concluir las investigaciones.
También ordenó prisión preventiva contra González Arredondo, aunque el presunto delito no lo amerita.
La resolución se dictó pese a que la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua nunca acreditó la temporalidad exacta de los hechos imputados.
La Fiscalía presentó un peritaje que incumple los requisitos del Protocolo de Estambul, que no fue acreditado por un equipo multidisciplinario y por el cual Gobierno del Estado pagó 600 mil pesos.
Las interpretaciones psicológicas de los practicantes del protocolo al denunciante no establecen una relación clara entre los supuestos padecimientos que dice tener con los hechos de corrupción que se investigaron, de acuerdo con la defensa González Arredondo.
¿Por qué es importante? La resolución sienta un precedente en contra del combate a la corrupción en el país y allana el camino a la liberación del exgobernador César Duarte Jáquez.

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González Arredondo encabezó las investigaciones en contra del exgobernador y su red de corrupción. También demuestra una vendetta política de la gobernadora María Eugenia Campos, a quien el exfiscal imputó de cohecho en el caso de la “nómina secreta”. Antecedentes. El 24 de octubre de 2018, González Arredondo fue nombrado titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada. Fue coordinador de la Operación Justicia para Chihuahua hasta septiembre de 2021, cuyo equipo que investigó la red de corrupción creada en la administración de César Duarte y que obtuvo 16 sentencias condenatorias en firme. Estuvo al frente de 45 personas, entre investigadores, peritos, analistas y agentes del Ministerio Público. El exfiscal declaró que su detención fue injusta y que busca criminalizarse la lucha anticorrupción que él realizó junto con otros agentes del Ministerio Público, quienes confiaron en que el Estado de Derecho respaldaría las decisiones que se tomaron en aquellos entonces. Una resolución trascendental. Durante la audiencia, González Arredondo dijo a la Juez de Control: “Esta decisión es de alta relevancia”. A partir del criterio que Usted siente, su Señoría, podría inhibir casos de combate a la corrupción”. “No se puede enviar el mensaje de que si investigas y procesas casos de corrupción, van a matar a tu padre, te van a meter a la cárcel, te van a criminalizar”. “La resolución es trascendental en la lucha anticorrupción, no solo en México sino en Latinoamérica”. González Arredondo fue detenido el lunes 21 de noviembre de 2022 en Ciudad Delicias, mediante un operativo en el que participaron varias unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones y elementos que portaban armas largas. La imputación. La Fiscalía General del Estado le formuló imputación como probable responsable del delito de tortura psicológica, en una audiencia en la que además se resolvió la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva correspondiente a la causa penal 3776/2022. En una audiencia que se prolongó por varias horas, una agente del Ministerio Público expuso ante la Juez de Control Hortensia García que la carpeta de investigación fue iniciada tras una denuncia recibida en diciembre de 2021 en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió sobre posibles hechos relacionados con tratos crueles, inhumanos o degradantes. Según el Ministerio Público, “fueron levantadas una serie de declaraciones y evidencias, estudios y análisis, incluido la aplicación del Protocolo de Estambul, mismo en el que colaboró el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos”. “Los hechos que se le imputan ocurrieron en un domicilio de la ciudad de Chihuahua, durante el periodo comprendido de febrero de 2017 a noviembre de 2018, cuando, en ejercicio de sus funciones como agente del Ministerio Público, torturó psicológica y físicamente a una víctima de identidad reservada”, según la imputación. El señalamiento fue robustecido con 19 testigos que deponen en su contra, según la Fiscalía. La defensa. “Las interpretaciones sicológicas sobre los hechos no consideran, ni establecen, una relación clara entre los padecimientos sicológicos que se presumen y el contexto de la investigación de los hechos de corrupción”, dijo González Arredondo durante su defensa. “Tampoco, establece una consistencia de datos colaterales ni la vulneración de derechos humanos hacia mi persona”, expuso ante la jueza. “El protocolo que refiere la Fiscalía y mi defensa, tiene serias fallas metodológicas, no es serio, hay sospecha fundada de interés, incluso contrastada por expertos”. “Error garrafal que no sea multidisciplinario, es concluyente cuando no debe serlo, y no puede decir que la investigación terminó, pues es con este protocolo cuando apenas empieza”, explicó. El abogado Íker Ibarreche Pereda, quien participa en la defensa de González Arredondo, detalló las inconsistencias en la imputación por el delito de tortura psicológica y un peritaje presentado como principal prueba, el cual incumple con los estándares del Protocolo de Estambul, ya que ni siquiera se conformó un equipo multidisciplinario de especialistas para elaborarlo. Por el peritaje, Gobierno del Estado pagó 600 mil pesos a una asociación civil denominada Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Ibarreche Pereda fue pieza clave en el caso “Duda razonable”, sobre tres personas acusadas de secuestro y que fue expuesto en un documental de Netflix, el cual fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Lo más increíble de este caso, es que el hecho que imputa la Fiscalía, es que supuestamente a esta persona denunciante la torturaron de manera psicológica durante 21 meses seguidos, pero la propia persona que hace la denuncia dice que la primera vez que acude a declarar es cinco meses después de que supuestamente lo empezaron a torturar”, explicó. “Es decir, el primer contacto de esta persona con la Fiscalía es en el verano del 2017 y, según los fiscales en su hecho, lo empezaron a torturar de manera permanente desde febrero de 2017”. “Ese es el primer gran absurdo de este asunto”. Lo que dicen es que, “de manera permanente” durante 21 meses, todos los días, en todo momento, le estaba gritando, no lo dejaban ir al baño. 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