Un amparo condicionado de que no ingrese al país entregado en extradición por los Estados Unidos, fue cocedido por el juzgado 8 avo. al ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, -preso en una cárcel de la Florida- para que comparezca sin ser detenido, ante las autoridades mexicanas, y enfrente los 21 juicios del fuero común que ya han girado sendas órdenes de aprehensión.

No preocupa a Chihuahua amparo obtenido por exgobernador

El gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, durante una conferencia de banqueta efectuada en la Ciudad de Saucillo, al ser abordado por periodistas por el amparo que lograran los abogados de Cesar Duarte, contesto que no tiene ningún inconveniente y agregó que en cuanto Cesar Duarte pise territorio mexicano el no tendrá ningún otro inconveniente y lo pondrá tras las rejas.

"No hay ninguna suspensión definitiva del amparo. En realidad es una resolución que a nosotros no nos preocupa. Cuando él sea extraditado a nuestro país, lo recibirán las autoridades correspondientes para su detención. Ni modo que la extradición se vaya a producir sin nuestro conocimiento", declaró a medios de comunicación en gira de trabajo por el municipio de Saucillo.

Duarte será extraditado por 21 órdenes de aprehensión de juzgados del fuero común ni una solo federal, aclaró el mandatario.

Dijo desconocer cuál sea la motivación, o qué es lo que se pretenda derivar o interpretar de esa "rara" resolución. Si es extraditado el amparo no fuenciona, señaló el Juzgado Colegiado en materia penal la cual lo aclaró sobre la resoluciuón de amparo otorgada por la jueza, María Dolores Núñez Solorio.

Corral aclaró sin embargo, que "para las autoridades de Chihuahua no significa ningún problema. Lo que nosotros buscamos es precisamente que él comparezca ante los tribunales de Chihuahua. Porque es aquí donde se emitieron las ordenes de aprehensión. Así que no tenemos por qué pensar que las autoridades de Chihuahua no actuarán en su detención, lo harán".

El Gobernador de Chihuahua, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la Federación pueda atraer el caso, Corral negó tal posibilidad, "porque no fue así la solicitud de extradición".



"Es una orden de aprehensión emitida por una juez del Distrito Judicial Morelos, del estado de Chihuahua, en el que hay varias causas de carácter penal por peculado, desvíos millonarios de recursos públicos para su beneficio personal y tendrá que comparecer ante los tribunales de Chihuahua", reiteró, Corral.



Javier Corral puso el ejemplo que los procesos de extradición son procesos muy concretos, procesos muy definidos, que son por la causa que se presenta y por las órdenes de aprehensión en qué se sustenta.



Corral Jurado fue más tajante: "En el juicio de extradición que se lleva a cabo en Los Estados Unidos “No hay ninguna sola orden de aprehensión de carácter Federal en el caso del ex gobernador en la solicitud del proceso de extradición", manifestó.



Comentó que hace poco más de un mes se vio el cierre de esa instrucción de la audiencia de la juez de la corte de Florida, "en la que prácticamente adelantó por sus propias palabras, que ella sí veía causa para acreditar y certificar el proceso de extradición".

Por su parte el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, rechazó conceder la suspensión de la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano ante las autoridades estadounidenses.

Solo concedió una suspensión “rara” al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para que no pueda ser detenido en cuanto pise territorio mexicano, más si es extraditado por Estados Unidos a México el amparo no otorga tal protección de la justicia federal, para que enfrente el juicio en libertad, no a lugar el amparo en caso de extradición.



El juicio de amparo solicitado por la defensa, subraya en la sentencia, que, la suspensión está condicionada a que no se haya recibido sentencia condenatoria en el juicio de extradición que se lleva a cabo ante una jueza del estado de la Florida en Los Estados Unidos.

Y los requisitos continúan en el caso de que, si se ha cumplido con la orden de aprehensión en su contra, lo que podría ocurrir en el avión que lo trajera al país. Por lo tanto, si la orden se ejecuta antes de que Duarte llegue a México, las autoridades deberán ponerlo a disposición de un juez de control de Chihuahua, aunque su libertad provisional deberá decidirla el juez de amparo del penal donde sea internado.


Las condiciones del Colegiado Federal:

I. Otorgar una garantía por dos millones de pesos dentro de los cinco días siguientes a la notificación; algo relativamente fácil.

II. Asistir físicamente ante el juez de control responsable a fin de responder a los cargos que se le atribuyen;



III. Acudir las veces que sea requerido por la misma autoridad.



“La suspensión concedida no surtirá efectos, si se sorprende a la parte quejosa en la comisión de flagrante delito, si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables o si los actos resultan ser distintos al que se reclaman, o si se trata de actos posteriores a la presentación de la demanda”, precisa la resolución.

La solicitud deberá ser resuelta por una jueza federal de Miami para determinar si cumple los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos. D ser así el amparo concedido por el juzgado 8avo no tiene ninguna valides.



A finales de enero, la jueza Lauren Louis, de la Corte del Distrito Sur en Miami, puso fin a la audiencia celebrada este martes sin emitir una decisión sobre la entrega del exgobernador, aunque concluyó que responderá por escrito a la petición del Gobierno de México.

SOBRE EL JUICIO QUE ENFRENTARA CESAR DUARTE

De acuerdo a información publicada por el periódico capitalino de El Universal, en el cual se informa que cinco cómplices de los desvíos millonarios realizados durante el mandato del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, regresaron 19 millones 200 mil pesos y se convirtieron en testigos colaboradores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para proceder contra el exmandatario.



De acuerdo con las investigaciones encabezadas por el fiscal Cesar Augusto Peniche, el exmandatario mantenía una supuesta nómina secreta, a través de la cual fueron desviados aproximadamente mil millones de pesos del erario de Chihuahua.

Según las pesquisas, el dinero fue entregado a más de 100 personas entre 2010 y 2016, periodo en el que Duarte fue gobernador; los fondos provenían de las cuentas bancarias destinadas al gasto operativo y pago de nómina de empleados estatales.



La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, detectó que, de esas cuentas, mensualmente se emitían cheques de 5 a 20 millones de pesos que se depositaban en una empresa de traslado de valores que hacía llegar el dinero de forma líquida a las oficinas de la Tesorería estatal.



Este dinero era resguardado en efectivo en una bóveda y se entregaba a funcionarios, candidatos, dirigentes de distintos partidos políticos locales y nacionales, medios de comunicación, periodistas, líderes sindicales, parientes y amigos de Duarte.

Quienes se acogieron al criterio de oportunidad fueron Fernando Reyes Ramírez, exdiputado local por Movimiento Ciudadano (MC), quien regresó 2.4 millones de pesos; Armando Cabada, actual alcalde de Ciudad Juárez y quien a su vez es candidato a diputado federal plurinominal por Morena, regresó 4.3 millones de pesos.

También se encuentran bajo esta Hortensia Aragón Castillo, exdiputada local y expresidenta estatal del PRD, devolvió 2 millones de pesos, y Teokali Hidalgo, expresidenta municipal del PRI en Chihuahua, quien regresó 500 mil pesos.

La FGJE ha señalado que el dinero se entregaba en sobres o paquetes en las oficinas de la Tesorería estatal o en el estacionamiento subterráneo de la misma, y sus destinatarios firmaban recibos de puño y letra para amparar la entrega del dinero.

Hasta ahora la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene registrados 470 recibos firmados por 34 personas entre 2014 y 2015 por un monto de 172 millones 633 mil pesos en total.

Al menos 14 exfuncionarios participaron en la entrega y recepción de 45 millones de ese total de más de 172 millones.

Entre los que no se acogieron al criterio de oportunidad que se extiende a testigos protegidos del macro juicio que se le lleva en Chihuahua al ex gobernador Cesar Duarte, por el desvío de más de 1500 millones de las arcas públicas se encuentra María Eugenia Campos, la alcaldesa con licencia de la Ciudad de Chihuahua, que de acuerdo a los recibos presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua recibió cerca de 8 millones de pesos.

Tampoco quiso acogerse al programa de testigos protegidos el Senador Cruz Pérez Cuellar, quien además es candidato en estos momentos a la alcaldía de Ciudad Juárez por Morena, a quien Cesar Duarte entregara la cantidad de 1 millón 300 mil pesos, por lo que el gobierno del Estado interpuso un juicio de desafuero ante el congreso, sin embargo, aún continua pendiente de resolución.