Francisco González Arredondo, acusado del delito de tortura psicológica cometido supuestamente en contra de varios de los cómplices del exgobernador César Duarte. Una burda maniobra para tratar de desacreditar y desarmar las investigaciones que lograron documentar la corrupción del exgobernador, y allanarle el camino de la impunidad.


Esta es también una venganza política impulsada por la propia Gobernadora María Eugenia Campos, quien hace mas de un año la adelantó -sin querella, ni investigaciones de por medio-, hacia quien encabezó la mas grande investigación contra la corrupción que se haya realizado en México. Incluidas la Operación Safiro y la nómina Secreta de César Duarte, de la que la actual gobernadora fue cómplice y beneficiaria.

Desde que María Eugenia Campos llegó al gobierno, varios de los cómplices de Duarte han salido de prisión, y otros testigos con identidad reservada que tienen calidad de imputados se han venido desdiciendo de los testimonios que brindaron ante diversos jueces y en distintos procesos; para justificar su retractación, ahora se dicen “torturados”. Que con base en ello, se ejecute esta orden de aprehensión es una perversidad política y una brutal ruptura del Estado de Derecho. Qué caro le esta saliendo a Chihuahua este empeño de Maria Eugenia Campos por tratar de lavarse la cara.

Quienes conocemos a Francisco González Arredondo, nos consta su honorabilidad y rectitud en el debido proceso. Un profesional del derecho con pleno reconocimiento entre organizaciones sociales, quienes lo propusieron por cierto para fungir como primer Fiscal especializado en materia de derechos humanos.

Deploro esta injusticia y convoco a tod@s quiénes están comprometidos en la lucha frontal y sin excepciones contra la corrupción, a denunciar este acto de vileza política y no permitir que mediante este tipo de maniobras, queden impunes los que cometieron uno de los mas grandes latrocinios contra el patrimonio de todos los chihuahuenses.