Por Zedryk Raziel- El intento de detención del ex gobernador Javier Corral la noche del miércoles ha abierto un frente de guerra entre las Fiscalías de Chihuahua y Ciudad de México. También ha tensado la relación entre el Gobierno chihuahuense, encabezado por la panista Maru Campos, y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha salido en defensa de Corral y ha advertido motivaciones políticas detrás de su persecución.

Agentes de la Fiscalía de Chihuahua pretendían capturar al senador electo en un restaurante de Ciudad de México, donde reside desde hace meses, por el presunto delito de desvío de recursos en el periodo en que el político gobernó el Estado. El fiscal de Ciudad de México, Ulises Lara, llegó al lugar acompañado de decenas de elementos de seguridad e impidió la detención, que calificó de ilegal.

Ahora, el debate se ha centrado en si la Fiscalía chihuahuense tenía permiso para ejecutar una orden de captura fuera de su jurisdicción, o si la Fiscalía capitalina intervino indebidamente para obstruir la justicia. De trasfondo está la batalla de la gobernadora Campos contra Corral y los colaboradores que participaron en la investigación de las enormes redes de corrupción tejidas en Chihuahua por el priista César Duarte, que gobernó Chihuahua de 2010 a 2016.

La Fiscalía capitalina puso a resguardo a Corral, que en los comicios del pasado 2 de junio se convirtió en senador electo por Morena, tras renunciar al PAN el año pasado. El intento de captura ocurrió dos semanas antes de que el político pudiese tomar posesión del cargo. Los legisladores cuentan con una protección constitucional —el fuero— que les confiere cierta inmunidad ante la persecución de los gobiernos.

López Obrador, en su Mañanera de este jueves, ha dicho que la maniobra de la Fiscalía de Chihuahua tenía la finalidad de impedir, justamente, que Corral se convirtiera en senador.

“Esto tiene que ver con diferencias políticas que vienen de tiempo atrás. La actual gobernadora [Campos] se alió al exgobernador Duarte; aunque son de partidos distintos, pues es parte de la promiscuidad política, de cómo se empezaron a unir el PRI y el PAN”, ha sostenido el mandatario. “Están aliados en contra de Corral, porque él fue el que promovió las acusaciones en contra de Duarte”.
López Obrador refirió que la Fiscalía de Chihuahua no había solicitado a su homóloga de la capital el acuerdo de colaboración que deben promover las autoridades de otros Estados para ejecutar una orden de aprehensión en territorios ajenos.
El presidente López Obrador respalda al senador electo y califica de venganza política la acusación en su contra por un supuesto desvío de recursos Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa del miércoles en el Palacio Nacional, Ciudad de México. El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha relatado que, a las ocho de la noche del miércoles, se solicitó a la Fiscalía capitalina su colaboración para detener a Corral. El funcionario dijo que, 16 minutos después, recibieron un oficio que les autorizaba efectuar la diligencia. Una hora después, según el relato de Valenzuela, localizaron a Corral y le notificaron el arresto. La Fiscalía de Chihuahua divulgó en redes sociales el supuesto oficio de autorización al que hizo referencia el funcionario. El documento está firmado por Brenda Cruz, subdirectora de Control y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Fiscalía de Ciudad de México, y está dirigido a su superior jerárquico de la misma institución, Omar Castañeda, director general de Atención y Cumplimiento de Ordenamientos Judiciales. El escrito señala los nombres de los fiscales de Chihuahua que realizarían la detención, describe sus armas e incluye los datos de la orden judicial. El documento indica que los agentes tendrían un plazo de siete días “para dar cumplimiento a su cometido”. El fiscal de Ciudad de México, Ulises Lara, ha afirmado que dicho oficio es un “documento interno” y que no era una respuesta oficial a la solicitud de colaboración enviada por la Fiscalía chihuahuense. “El personal ministerial del Estado de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción”, ha expuesto el funcionario este jueves. “Solo se trataba de un documento interno que, bajo ninguna circunstancia, les faculta a irrumpir en una entidad foránea y con ello violentar su soberanía, y mucho menos a cumplimentar un mandamiento judicial”, ha precisado. Fue la misma postura de Lara la noche del miércoles, cuando encaró a los agentes de Chihuahua que intentaban detener a Corral. “Decidimos no colaborar”, les dijo. “Ustedes nos ingresaron este documento hoy, lo dimos por recibido, pero no hemos respondido”. Valenzuela ha acusado al fiscal capitalino de haber ayudado a Corral a “evadir la justicia”. “En un hecho atípico y sin precedentes, el encargado del despacho de la Fiscalía de Ciudad de México, acompañado de cerca de 100 elementos armados de dicha dependencia, arribaron al lugar y, públicamente, [Lara] decidió, sin fundar ni motivar su informal y espontánea decisión, revocar verbalmente lo que los órganos facultados de su propia Fiscalía habían autorizado previamente y de manera formal”, dijo el funcionario de Chihuahua. Valenzuela calificó a Corral de “prófugo de la justicia”, y, en cuanto a Lara, dijo que analizan una “ruta jurídica” sobre su “actuar inusitado e inaudito”. Por su parte, el fiscal de Ciudad de México ha negado haber obstruido la justicia y ha aclarado que, al no contar con el oficio de colaboración, los agentes chihuahuenses habrían cometido un secuestro. “[Ello] hubiera resultado en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del Estado de Chihuahua”, ha advertido. La Fiscalía de Chihuahua acusa a Corral de un supuesto desvío de 98,6 millones de pesos por un contrato adjudicado en 2019 a un despacho privado para la reestructuración de la deuda pública estatal. Valenzuela ha indicado que el proveedor, del que no precisó su nombre, no cumplió con los términos del acuerdo, y ha asegurado que Corral “sabía” que no se cumpliría. La Fiscalía también ha involucrado a Arturo Fuentes Vélez, quien fuera secretario de Hacienda en el Gobierno de Corral. Según Valenzuela, la orden judicial contra ambos exfuncionarios nació de una denuncia de la Auditoría Superior de Chihuahua. Corral ha respondido este jueves a los señalamientos y ha negado que la Auditoría lo acuse directamente a él como extitular del Ejecutivo estatal. “Ellos [la Fiscalía] han tratado de forzar mi participación en este asunto, que se ha aclarado de distintas maneras. Es muy cuestionable, es absolutamente inexplicable que me puedan adjudicar a mí un proceso como este que fue llevado a cabo por la Secretaría de Hacienda del Estado”, explicó en Radio Fórmula. El diario Reforma publicó que el exgobernador ha promovido un amparo contra la orden de captura que los fiscales de Chihuahua intentaron efectuar en Ciudad de México, rodeados de una nube de dudas.