Por Manuel Cabrera La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para garantizar una jugosa pensión vitalicia a los 13 magistrados nombrados por César Duarte Jáquez.
La reforma propone que los magistrados con 10 años de servicio reciban 55% del monto de la compensación que perciben, así como el 45% de su salario base de forma vitalicia.
La magistrada Hernández Acosta presentó la iniciativa como una forma de burlar la norma Constitucional vigente, que obliga a que magistrados y jueces sean electos por el voto popular.
El Poder Judicial presentó una reforma a modo para que su red protectora se jubile con 10 años de antigüedad en el trabajo, con una jugosa pensión vitalicia con cargo al erario.
La reforma debe retirarse del cargo “ya sea porque decidan no participar en el proceso electivo o no resulten electos”.

¿Por qué es importante?: Los magistrados impuestos por César Duarte pretenden cambiar la ley para garantizar sus ingresos con cargo al erario de Chihuahua de por vida, en colusión con la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien controla el Congreso del Estado.

Antecedentes: El 13 de noviembre de 2014, el entonces gobernador César Duarte Jáquez impuso a 13 magistrados del Poder Judicial por un periodo de 15 años, a través del Congreso del Estado, con los votos del PAN pagados mediante la “nómina secreta”.

Significa que los 13 magistrados, incluyendo a Myriam Hernández Acosta, cumplirán 10 años en el cargo el 13 de noviembre de 2024, para ser beneficiarios de la reforma a la Ley Orgánica de Poder Judicial de Chihuahua.

Datos: Actualmente, los magistrados perciben mensualmente 122 mil 255 pesos por concepto de compensación, más 22 mil 321 de salario.

Por lo tanto, quieren irse con 77 mil 284 pesos de ingresos por mes (67 mil 240 pesos por compensación, más los 10 mil 044 correspondiente a su actual sala).
A sus 49 años, la presidenta del Poder Judicial, Myriam Hernández Acosta, recibiría una pensión vitalicia mensual por 95 mil 852 pesos (13 mil 833 pesos de salario más 82 mil 018 de compensación).
¿Quién es? La presidenta del Poder Judicial de Chihuahua, Myriam Hernández Acosta, es la principal protectora de César Duarte Jáquez y su red de corrupción, junto con la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Duarte Jáquez la hizo magistrada en 2014 y, en pago, ella testificó a favor del ex gobernador durante el juicio de extradición en Miami, Florida.
En 2021, la gobernadora Campos Galván la impuso como presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, para garantizar impunidad a Duarte Jáquez y a los integrantes de la red de corrupción a la que ambas pertenecen.
En colusión con la gobernadora, Hernández Acosta es parte del entramado que liberó a César Duarte Jáquez después de las elecciones del 2 de junio y que mantiene congelado el juicio oral en su contra por delitos de corrupción.
La red protectora: Myriam Victoria Hernández Acosta, ahijada política de César Duarte, fue electa presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en noviembre de 2021, impulsada por la gobernadora Campos Galván.
El nombramiento se realizó después de la defenestración de Pablo Héctor González Villalobos como presidente del Poder Judicial, cuando faltaban dos años para concluir su gestión.
Hernández Acosta fue nombrada Magistrada de la Tercera Sala Civil en 2014, promovida por el entonces gobernador.
En pago a la factura, la Magistrada testificó a favor de César Duarte durante el juicio de extradición en Miami, Florida, donde presentó una declaración jurada para afirmar que el exgobernador era un perseguido político. En 2014, Luis Villegas Montes y Filiberto Terrazas Padilla también fueron nombrados magistrados, empujados por César Duarte. A favor de Hernández Acosta, Villegas Montes y Terrazas Padilla, y César Jáuregui Moreno, quienes cobraban en la “nómina secreta” de César Duarte. Desde la llegada de Campos Galván a la gubernatura, los tres magistrados son integrantes del Consejo de la Judicatura, recuperando así el control del Poder Judicial para el duartismo. Oxigenación a modo: Durante su gestión como gobernador y a días de concluirla, operadores políticos de César Duarte conformaron un Poder Judicial y un Consejo de la Judicatura “a modo” y con “cuates”, con el pretexto de una “oxigenación”. Su objetivo era garantizar el control del Poder Judicial en las siguientes dos administraciones estatales. Se nombraron las siguientes magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: Leo David Alvarado Roldán, Sala de Control Constitucional. Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Sala de lo Contencioso Administrativo y Fiscal. Delia Holguín López, Cuarta Sala Penal. Héctor Javier Talamantes Abe, Sexta Sala Penal. Rogelio Guzmán Holguín, Sala Especializada en Justicia para Adolescentes. Myriam Victoria Hernández Acosta, Tercera Sala Civil. Adela Alicia Jiménez Carrasco, Novena Sala Civil. Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Primera Sala Penal. Rafael Julián Quintana Ruiz, Quinta Sala Penal. César Fernando Ramírez Franco, Segunda Sala Penal. José Alfredo Fierro Beltrán, Primera Sala Civil. Eduardo Filiberto Terrazas Padilla, Segunda Sala Civil con sede en Ciudad Juárez. Luis Villegas Montes, Séptima Sala Civil.