Por Manuel Cabrera. – En la administración en su calidad de gobernador de Chihuahua Cesar Duarte Jáquez, ahora autoproclamado “el conferencista inocente” se encontraron 72 empresas fantasmas que presentaron 528 facturas falsas de acuerdo al archivo del periódico El universal con fecha domingo 1 de mayo del 2022.

Como se publicó en el periódico El Universal como se publicó en un reportaje de El Universal publicado en su edición como nota principal el 1 de mayo de 2022, la lista es como se sigue: “Durante la segunda mitad de su mandato, -Cesar Duarte Jáquez- Chihuahua pagó 528 millones de pesos a empresas fantasma, muestran datos del SAT”, se lee en la investigación de la periodista Miriam Ramírez.

En la información que escribe derivada de su investigación periodística entre 78 factureras, se emitieron 4,196 comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, uno cada cinco horas en promedio.

“Las empresas fantasmas contratadas simularon operaciones para la compra de medicamentos, asesorías, cursos y obras públicas, entre otras”. Describe el texto informativo A se vez el Sistema de administración Tributaria. Dependencia del gobierno federal Cuando era gobernador, César Duarte Jáquez y su red de corrupción contrataron 519 “empresas fantasmas” que simularon la prestación de servicios, compra de medicamentos, obras públicas y publicidad oficial. La administración estatal 2016-2021 estimó que el monto de los recursos públicos desviados por César Duarte ascendió a 6 mil millones de pesos, por lo menos. La estrategia de combate a la corrupción del gobierno de Javier Corral, en su lucha también que los saques no quedaran impunes, del anterior Gobierno del Estado, encabezado por Duarte Jáquez incluyó las vertientes administrativa, penal y fiscal, siguiendo la ruta del dinero. También incluyó la reparación del daño causado al patrimonio público de Chihuahua, lo que no tiene precedente en el país. La recuperación para el Estado en su conjunto de dinero en efectivo, por la vía de la reparación del daño, créditos fiscales y multas, fue de 1 mil 359 millones de pesos gracias a la Operación Justicia para Chihuahua. Se trata de recursos que fueron desviados del erario estatal durante la gestión de César Duarte. La administración encabezada por María Eugenia Campos Galván debió continuar con el esfuerzo institucional de recuperación de los recursos desviados. Se le heredaron créditos fiscales emitidos por cobrar, algunos en litigio y procesos administrativos por más de 2 mil 500 millones de pesos. Pero no movió un dedo para continuar los procesos de recuperación del patrimonio robado al erario estatal. Contexto: La utilización de empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), “factureras, o “empresas fantasmas”, por parte de César Duarte, también fue documentado por el Servicio de Administración Tributaria, como se publicó en un reportaje de El Universal publicado el 1 de mayo de 2022. “Durante la segunda mitad de su mandato, Chihuahua pagó 528 millones de pesos a empresas fantasma, muestran datos del SAT”, se lee en la investigación de la periodista Miriam Ramírez. Entre 78 factureras, se emitieron 4,196 comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, uno cada cinco horas en promedio. “Las empresas fantasmas contratadas simularon operaciones para la compra de medicamentos, asesorías, cursos y obras públicas, entre otras”. La pregunta que está en el aire: ¿Por qué es importante? César Duarte Jáquez incrementó su ofensiva mediática permanente contra Javier Corral, para descalificar el combate a la corrupción, en complicidad con la gobernadora María Eugenia Campos Galván para difundir falsas narrativas y presentarlo como víctima. Dado a que los abogados de Duarte obtuvieron información que el gobierno federal de México, solicito al de los Estados Unidos se amplíen otros cargos y se encuentra en espera de la contestación del vecino del norte. Conforme al tratado de extradición vigente entre México y los Estados Unidos. Para crear la corriente en la opinión a través de la mayoría de los medios, María Eugenia Campos a gastado en publicidad más de 1 mil 700 millones de pesos para que los sean cooptados mediante convenios de manejo informativo disfrazados de publicidad oficial, que repiten sin contexto las declaraciones de Duarte Jáquez, a quien no cuestionan en ningún momento. La red de corrupción: La Operación Justicia para Chihuahua aplicó por primera vez un novedoso modelo fiscal que siguió la ruta del dinero de la red de corrupción duartista, a través de depósitos y transferencias bancarias hasta encontrar a los beneficiarios reales. El Gobierno del Estado fue el primero del país en obtener información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para construir perfiles fiscales de quienes participaron en las operaciones de desvío de recursos. Se descubrió una compleja red de corrupción en la que servidores públicos y proveedores de gobierno cometieron faltas administrativas graves, así como delitos penales y fiscales. La estrategia fiscal se realizó a través de la Subsecretaría de Hacienda estatal (2016-2021) a partir de auditorías fiscales y el seguimiento de depósitos y transferencias bancarias. Se detectaron y neutralizaron 27 esquemas agresivos de evasión fiscal y desvío de recursos públicos a través de operaciones simuladas o inexistentes. Esas operaciones irregulares se realizaron entre 2013 y 2016. Participaron 383 personas físicas y morales. ¿Cómo desviaban el dinero? Se descubrió que 141 empresas facturaron ilegalmente, de manera directa, a Gobierno del Estado, por la compra de medicamentos, asesorías y venta de bienes y servicios. Otras 242 empresas lo hicieron como proveedores de segundo nivel, es decir, como proveedores de Gobierno. Se detectaron 519 empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) o “empresas fantasmas”. A las “empresas fantasmas” no se les realizan auditorías, sino a los contribuyentes que les dieron efectos fiscales a las facturas emitidas. El Apoyo del Tesoro de EE UU: La Secretaría de Hacienda de Chihuahua aplicó y dio seguimiento a 151 auditorías con la colaboración del SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es la primera vez que una entidad federativa obtuvo el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para establecer la ruta del dinero desviado.

---