Las mujeres de Atenco cimbran a la Corte Interamericana
Duros y descarnados fueron los testimonios presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el jueves 16 y el viernes 17 por varias de las mujeres de San Salvador Atenco violentadas hace 11 años en ese poblado mexiquense por uniformados estatales y federales. Ahora, el organismo regional tiene información de primera mano, así como los peritajes de activistas sociales sobre los abusos cometidos el 3 y 4 de mayo de 2006 contra mujeres indefensas, para emitir su sentencia. Por lo pronto, las agredidas se sienten satisfechas de haber llevado al banquillo de los acusados al Estado mexicano.
SAN JOSÉ (Proceso).– La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos la oportunidad para ordenar al Estado mexicano identificar y sancionar a los responsables del diseño y ejecución de las agresiones policiacas del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco en los que 11 mujeres fueron agredidas sexualmente por uniformados mexiquenses y de la extinta Policía Federal Preventiva.
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La anterior es una de las demandas expuestas por las agredidas por medio de sus representantes legales en las audiencias públicas realizadas el jueves 16 y el viernes 17 en la sede de la Corte –paso previo a la sentencia que dictará el tribunal regional–, instancia en la que se radicó el caso Atenco.
Las 11 mujeres, quienes por diversos motivos estaban en ese poblado mexiquense el 4 de mayo de 2006, fueron detenidas de manera arbitraria y procesadas por presuntos ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa y secuestro.
En 2008 las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en septiembre del año pasado turnó el caso a la Corte, ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas un año antes.
En el Informe de Fondo 74/2015, la CIDH urgió al Estado mexicano “identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación, así como posibles actos de encubrimiento u omisión” (Proceso 2116).
En voz de la abogada Araceli Olivos Portugal, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las 11 mujeres pidieron a la Corte, presidida por el brasileño Roberto F. Caldas, “ordene al Estado realizar una investigación efectiva que incluya todos los hechos y considere su gravedad, así como todos los niveles de responsabilidad, sin descartar de antemano pruebas y líneas de investigación relevantes con el solo fin de garantizar impunidad para funcionarios percibidos como personas poderosas”.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2142, ya en circulación
SAN JOSÉ (Proceso).– La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos la oportunidad para ordenar al Estado mexicano identificar y sancionar a los responsables del diseño y ejecución de las agresiones policiacas del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco en los que 11 mujeres fueron agredidas sexualmente por uniformados mexiquenses y de la extinta Policía Federal Preventiva.
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Las 11 mujeres, quienes por diversos motivos estaban en ese poblado mexiquense el 4 de mayo de 2006, fueron detenidas de manera arbitraria y procesadas por presuntos ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa y secuestro.
En 2008 las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en septiembre del año pasado turnó el caso a la Corte, ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas un año antes.
En el Informe de Fondo 74/2015, la CIDH urgió al Estado mexicano “identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación, así como posibles actos de encubrimiento u omisión” (Proceso 2116).
En voz de la abogada Araceli Olivos Portugal, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las 11 mujeres pidieron a la Corte, presidida por el brasileño Roberto F. Caldas, “ordene al Estado realizar una investigación efectiva que incluya todos los hechos y considere su gravedad, así como todos los niveles de responsabilidad, sin descartar de antemano pruebas y líneas de investigación relevantes con el solo fin de garantizar impunidad para funcionarios percibidos como personas poderosas”.
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